​​​​​​​Derechos y Mayores

 

El  siglo XXI es testigo de una transición demográfica global, en la que la población está envejeciendo a una velocidad sin precedentes. Para el año 2050, el número de personas mayores llegará a los 2.000 millones, lo que representará una quinta parte de la población mundial. Mientras tanto, a pesar de los avances conseguidos, la discriminación por edad sigue siendo frecuente en todos los países del mundo. Si bien el Plan de Acción de Madrid sobre el envejecimiento aprobado en 2002 en la II Asamblea Mundial sobre el envejecimiento de Naciones Unidas supuso un logro importante, a día de hoy no se ha conseguido aún una protección universal e integral de los derechos de las personas mayores.

 

Creemos que ha llegado la hora de una Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos y deberes de las personas mayores, que analice y profundice sobre esta realidad y establezca un marco común de acción. Se trata de garantizar la dignidad de las personas mayores en todos los países y en todas las sociedades y estar preparados para abordar el futuro.

 

El apoyo para la Convención se ha incrementado en la sociedad civil global en regiones como América Latina, África, Asia y en gran parte de los Estados miembros de la UE. Ello se debe a un creciente reconocimiento y entendimiento de lo siguiente:

 

 

• La discriminación por edad se tolera en todo el mundo

 

La discriminación hacia las personas mayores está profundamente arraigada en muchas sociedades y a diferencia de otras formas de prejuicios y comportamientos discriminatorios, es raramente reconocida. Esto conduce a la marginación de las personas mayores. En el caso de las mujeres mayores, además, se sufre una doble discriminación, entre otras cosas por las responsabilidades en exclusiva que asumen en las tareas del cuidado del resto de la familia ligado con la insuficiencia de recursos y el hecho de tener peores condiciones de salud y sufrir en mayor medida situaciones de dependencia durante la vejez.

 

• Las personas mayores se enfrentan a abusos, violencia y negación de sus derechos.

 

Cada vez hay más evidencias de que muchas personas mayores sufren malos tratos, abuso y violencia en sus propias casas, lugares de trabajo, así como en instituciones y centros de atención. A muchas, además, se les niega el derecho a tomar decisiones sobre sus propiedades, su economía y sus cuidados médicos o sociales[1]. A veces se les niega el derecho a la seguridad social, el acceso a la salud, al trabajo y a recursos como la comida o el alojamiento[2].

 

• Las personas mayores permanecen invisibles en el actual sistema de protección de derechos humanos.

 

La discriminación por edad no está prohibida de forma específica en ninguna convención internacional, a excepción de la de los trabajadores migrantes. No hay estándares de derechos humanos a nivel internacional basados en cuestiones como el abuso a los mayores, los cuidados de larga duración y los cuidados paliativos. Y, si bien las disposiciones generales en los dos Pactos Internacionales se aplican a todas las personas, la falta de normas específicas en torno a lo que estos derechos significan para las  personas mayores  y en el contexto de la vejez, implica que se produzcan violaciones de sus derechos, pasen desapercibidas y queden sin respuesta en todas las partes del mundo.

 

• Las personas mayores realizan contribuciones muy positivas a sus familias y a la sociedad.

 

El rol activo de las personas mayores y su contribución al bienestar se desarrolla en todo el mundo de diferentes maneras, aunque continúa siendo invisible en la mayoría de los casos. Entre otras cosas contribuyen al bienestar social, cuidando a las personas enfermas o en situación de dependencia; haciéndose cargo de sus nietos cuando los padres faltan por pandemias, emigración o situaciones de crisis; favoreciendo la incorporación laboral de las mujeres más jóvenes; actuando en emergencias como agentes de salud. También contribuyen al fortalecimiento de nuestras democracias participando en actividades cívicas y de voluntariado; practicando la ayuda mutua en sus asociaciones. Muchas personas mayores contribuyen a la economía de sus países al continuar trabajando, especialmente en el sector agrícola y en el pequeño comercio y también reactivan la economía como consumidores. Sin embargo, estas aportaciones no tienen un reconocimiento social suficiente, lo que influye en el escaso espacio de participación política y social que se les ofrece.

 

 

• Los mecanismos existentes son insuficientes

 

Los acuerdos internacionales sobre el envejecimiento, como los Principios de las Personas Mayores de Naciones Unidas (1990) y el Plan Internacional sobre Envejecimiento de Madrid (MIPAA), no son vinculantes y no ofrecen suficiente protección a los derechos de las personas mayores.

 

Nosotros, los abajo firmantes, apoyamos la elaboración, la adopción, la ratificación y la implementación de una nueva Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores. En nuestra opinión dicha Convención proporcionaría un marco legal más claro y ayudaría a los gobiernos, al sector privado, a la sociedad civil y a otros sectores en la toma de decisiones dirigidas de forma positiva a la población más envejecida, a la eliminación de la discriminación por edad, a una mejor protección de los derechos de las mujeres y los hombres mayores, y el respeto de su dignidad.

 

Una nueva Convención ayudará al cambio de actitudes hacia las personas mayores, incrementará su visibilidad así como la mejor comprensión del  fenómeno del envejecimiento, evitará la discriminación por edad mostrándola como algo inaceptable, clarificará las responsabilidades para su mejor protección, acercará a jóvenes y mayores ante un mismo objetivo y proporcionará los elementos para  una estrategia política dirigida a garantizar efectivamente sus derechos, incluyendo siempre la perspectiva de género en las políticas públicas dirigidas a las personas mayores.

 

Se trata de garantizar el ejercicio de los derechos en los países que los tienen regulados, de generarlos donde no existen y velar porque se cumpla un umbral mínimo en todos los países del mundo, garantizando así la dignidad de la vida humana a lo largo de todo el  ciclo vital. Con ello se fomentará también un diálogo permanente entre los Estados, la sociedad civil, el sector privado y las personas mayores, dentro de un clima de intergeneracional, imprescindible para el avance y la convivencia en nuestras sociedades, mejorándose además los mecanismos de rendición de cuentas de los Estados.

 

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[1] Ver, por ejemplo Situation of the rights of older people in all regions of the world-  Informe de la secretaria general, A/66/173,2011, http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/173

 

[2] Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  20 Abril, 2012 E/2012/51,pp.1-12